Si se tratase de la condena de la Transición, como dijo Alfonso Guerra, cabría al menos la posibilidad de revocarla tal que ha hecho Pedro Sánchez con las sentencias sobre la insurrección separatista catalana. Pero es algo peor: la derogación fáctica de la Constitución, convertida en una cédula mojada aunque su estructura formal siga intacta. El pacto PSOE-Junts sólo menciona una vez la Carta Magna, y es para amparar una consulta de autodeterminación que el Artículo 92 no avala ni puede avalar porque afecta a la soberanía nacional de España. El resto de este acuerdo de la infamia constituye una verdadera impugnación de las bases de la democracia: el ordenamiento jurídico, el principio de alternancia, la igualdad ante la ley y la autonomía de la justicia encargada de garantizarla.
Todos los pilares del sistema quedan demolidos en este breve documento insólito, suscrito con el único objetivo de sostener en pie la ambición de un gobernante cuyo mandato quedará envuelto en un halo ilegítimo desde el momento en que el contrato de investidura se haga efectivo. No estamos ante una mera alianza de carácter político sino ante el acta de capitulación de un Estado entregado al chantaje del secesionismo. Una rendición que, en palabras del propio Puigdemont que el presidente ha asumido, no es el final sino el comienzo de un camino. Lejos de resolver el llamado 'problema catalán', como proclama el aparato de propaganda del oficialismo, el paso dado anuncia un borrascoso tiempo de conflicto, de tensión institucional, de crispación política y de peligroso enfrentamiento cívico.
La ley de amnistía podría resolverse en tres artículos. Primero: todos los españoles son iguales ante la ley excepto los que Sánchez diga. Segundo: los independentistas siempre tienen razón. Y tercero: cuando no la tengan se aplicarán los artículos de arriba en los términos que decida el Gobierno 'progresista'. Puede parecer una broma pero la impunidad del 'procès', con sus antecedentes y consecuencias, supone la derogación de facto de cualquier clase de legalidad objetiva, con el asombroso estrambote de una posible reclamación de responsabilidades a los jueces que cumplieron su función de perseguir y enjuiciar la intentona golpista. Esta aceptación del concepto populista de 'lawfare' o guerra sucia judicial –léase prevaricación en nuestra normativa penal– por un Gobierno europeo riza el rizo de la anomalía y adelanta el brutal choque de legitimidades que se avecina.
Todo es aberrante en este trato. Desde la asunción del relato soberanista sobre la abolición de los derechos históricos de Cataluña por ¡¡Felipe V!! hasta un cupo fiscal a semejanza del vasco, cuya dudosa constitucionalidad sólo podrá ser encajada a martillazos kelsenianos. Desde la ausencia de una mínima contrapartida a las cesiones del Estado –ni palabra de la renuncia a la unilateralidad, más bien al contrario– al verificador internacional que, como todas las demás condiciones firmadas, ha obtenido el beneplácito gubernamental tras varias semanas de aparente rechazo. Pero nada supera la turbadora realidad de una amnistía redactada por sus propios beneficiarios, convertidos en fuente del Derecho por la necesidad de un aventurero insensato. Es lógico que Felipe González se declare avergonzado; pocos como él entienden el alcance destructivo de este vergonzoso apaño capaz de empequeñecer al más abyecto de los personajes del prontuario borgiano.
Y es que, más allá de su carácter corrosivo para el régimen del 78, la conchabanza socialnacionalista introduce en la ya muy degradada escena un grave factor de desestabilización de la convivencia. El país lleva más de dos meses, desde la sorpresa del insuficiente triunfo electoral de la derecha, envuelto en una atmósfera de tensión creciente y amenazadora como una sobrecarga eléctrica. La reelección presidencial, sustentada por todas las fuerzas anticonstitucionales, consolida el proyecto sanchista de cavar una trinchera ideológica y emocional que separe a media España de la otra media. Esa idea inicial del ahora arrinconado Pablo Iglesias se la ha subrogado el presidente para disimular su flaqueza, su insuficiencia en la construcción de una mayoría social que las urnas le niegan y que trata de impostar utilizando una reata de partidos rupturistas como muleta. El resultado es un clima civil de polarización extrema, un ambiente inflamable de tormenta donde ya han estallado truenos de protesta callejera y donde cualquier chispazo –ojo, que ayer se produjo un episodio violento susceptible de dar pábulo a inquietantes sospechas– puede desencadenar una tragedia.
El estrés que sacude incluso las relaciones familiares, amistosas o de trabajo se ha extendido, como resulta lógico, al ámbito de la vida pública envenenándolo de encono sectario. La desaparición de cualquier posibilidad de consenso o incluso de simple diálogo va a abrir paso a un cisma institucional de gran calado. La sesión de investidura derivará con toda probabilidad en un feroz espectáculo de canibalismo parlamentario. La mencionada contemplación del 'lawfare' barrunta una colisión con el poder judicial, que no parece dispuesto a quedarse cruzado de brazos ni ante la aplicación de la amnistía ni ante un previsible designio inmediato de tomarlo por asalto. Los privilegios económicos a la Generalitat prometen una desapacible reacción del resto de territorios postergados. La propia Corona queda en un trance sumamente delicado, obligada a firmar la impunidad de quienes desafiaron su autoridad y con su espacio de neutralidad sometido a un notable achique de campo incluso entre sus propios partidarios. Todo el andamiaje institucional va a sufrir, está sufriendo ya, un zarandeo de arriba abajo con serio riesgo de descalabro.
El único resquicio de optimismo, muy relativo, reside en la posibilidad de que Sánchez vuelva a incumplir su palabra y engañe también a Puigdemont después de haber alquilado su confianza. El acuerdo deja abiertas ciertas cautelas de discrepancia a expensas de encontrar soluciones negociadas, y en esas cláusulas ambiguas a modo de salvaguarda encuentran algunos biempensantes una voluntarista grieta de esperanza. La otra, también lejana, es la Unión Europea, teóricamente preocupada por la separación de poderes y el respeto a los tribunales en su función de tutela democrática, pero no cabe engañarse demasiado vista la escasa, casi nula eficacia del complejo entramado de gobernanza comunitaria.
No cabe, sin embargo, mucho margen al pensamiento ilusorio. El pacto de Bruselas liquida el de la Transición, y la diferencia entre la entraña demolicionista de uno y la vocación constructiva del otro refleja la irresponsable deriva de este tiempo histórico. El jefe del Ejecutivo ha edificado su liderazgo a base de liberar poco a poco los demonios que hace cuarenta y cinco años parecían haber quedado aherrojados en el fondo de un pozo. Ahora se ha puesto a jugar con el más nocivo de todos, el de la discordia que enfrenta a unos ciudadanos con otros y sume a la nación en un conflicto tempestuoso. Lo que ocurra en adelante esclarecerá si el precio de siete votos comprados a un delincuente prófugo merecía este descomunal, funesto, catastrófico trastorno.
Ignacio Camacho es periodista.