Desde su descubrimiento, el petróleo y el gas han sido causa directa o indirecta de numerosos conflictos bélicos; la historia reciente está llena de ejemplos. Ahora, Grecia, Chipre y Turquía están enzarzados en una fuerte disputa por el control de los recursos de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental. En una situación de emergencia climática mundial que nos aboca a abandonar lo antes posible la era de los combustibles fósiles, estas disputas por seguir buscando petróleo y gas a toda costa resultan un completo sinsentido. Más aún, si cabe, en el área del Mediterráneo, donde los efectos del calentamiento global se están viendo ya con una especial virulencia.
En agosto Turquía envió su buque Oruc Reis, con varios barcos de escolta, a hacer prospecciones de hidrocarburos en una zona del mar que reclaman Grecia, Turquía y Chipre. Las autoridades griegas y chipriotas mostraron su descontento enérgicamente. Grecia y Turquía organizaron simulacros aéreos y navales en las aguas entre Chipre y Creta. Ante las protestas de la Unión Europea, Turquía retiró su barco, lo que parecía apuntar a que la crisis podría resolverse diplomáticamente. Pero Ankara ha anunciado que el Oruc Reis reanudará sus actividades.
La cuenca mediterránea se considera un punto caliente de cambio climático. Así lo expresa el Informe 2019 sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo en el Mediterráneo (SoED 2019) del Convenio de Barcelona (UNEP/MAP), del que son miembros Turquía, Grecia y Chipre y todos los demás países europeos ribereños de este mar. El informe presenta aterradoras perspectivas para todo el área, una zona que se ve afectada por el cambio climático a un ritmo acelerado por un calentamiento más rápido del aire y de la superficie del mar en todas las estaciones.
Mientras que la temperatura media mundial del aire ahora es aproximadamente 1,1°C por encima de los valores preindustriales, la región mediterránea se acerca a un calentamiento de 1,6°C y se espera que se haya calentado 2,2°C entre 2030 y 2052. La temperatura de la superficie del mar en el Mediterráneo ya se ha calentado alrededor de 0,4°C por década durante el período comprendido entre 1985 y 2006 y se espera que alcance entre +1,8°C y + 3,5°C para 2100 en comparación con el período entre 1961 y 1990.
Los firmantes del Convenio de Barcelona, entre ellos los tres países citados, reconocen abiertamente el cambio climático y que los efectos esperados en las próximas décadas serán devastadores, pero siguen actuando como si nada. Turquía aún no ha ratificado el Acuerdo de París contra el cambio climático. El presidente Erdogan, aprovechó en 2017 el anuncio de Trump de que Estados Unidos se saldría de este acuerdo, para anunciar la suspensión del proceso de ratificación del mismo. Pero Grecia y Chipre sí lo han ratificado y están obligados a cumplirlo, siguiendo además las directrices y obligaciones que adopte la UE al respecto.
La crítica a Turquía es también extensiva a Grecia, cuyos últimos Gobiernos han seguido apostando por una economía basada en los combustibles fósiles, incluida la pretensión de llevar a cabo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas del mar Jónico y del mar de Creta, en una zona conocida como la Fosa Helénica. La importancia ecológica primordial de esta fosa ha sido reconocida por diversos acuerdos internacionales, como el Acuerdo para la Conservación de los Cetáceos en el Mar Negro, el Mar Mediterráneo y las aguas del Atlántico adyacentes (ACCOBAMS).
No tiene ningún sentido, desde el punto de vista climático, continuar buscando nuevos depósitos de hidrocarburos ni en Grecia, ni en Chipre, ni en Turquía, ni en ninguna otra parte. Algunos países ya tienen en vigor leyes que prohíben la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos. El 19 de diciembre de 2017, la Asamblea Nacional gala aprobó el proyecto de Ley del Gobierno Macron que hizo que Francia se convertiera en el primer país del mundo en prohibir de forma efectiva la producción de hidrocarburos.
La ley francesa prohíbe el otorgamiento de cualquier nueva licencia de exploración de hidrocarburos por el método que sea. Desde entonces otros países han dado pasos importantes en esa dirección, como Irlanda y Nueva Zelanda. España también prohibirá cualquier nueva actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en todo su territorio, terrestre y marino, una vez que se apruebe la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.
Esta ley permitirá el despliegue a gran escala de las energías renovables, lo que ayudará a España a convertirse en un país líder en producción de hidrógeno verde, el cual está llamado a ser un vector energético clave en la descarbonización de la economía.
Carlos Bravo es responsable de políticas marinas de OceanCare.