Irregularidades y monarquía

Ha llegado a ser casi obsesivo el llamado «caso Urdangarín» en nuestros medios de comunicación: tertulias, columnas, editoriales, etcétera, y muy pocas veces respetando algunas reglas básicas no sólo de la democracia sino del sustrato de ésta, del Estado de Derecho.

La primera de esas reglas es la de las cuestiones «sub iudice», es decir, sometidas al enjuiciamiento de jueces y tribunales, y que, en tanto estén en dicha situación, merecen ellas y estos —los jueces y tribunales— un respeto por parte de la ciudadanía para que puedan realizar su labor sin presiones externas que la dificulten u obstaculicen, especialmente cuando se decreta el secreto sumarial. La segunda es aún más importante, me refiero a la «presunción de inocencia» en virtud de la cual un ciudadano (cualquiera, incluso el yerno del Rey) tiene derecho a que se le presuma, se le repute, inocente, en tanto no recaiga sobre él una sentencia condenatoria; lo contrario tiene el riesgo de acabar en el linchamiento (condenado y ejecutado sin proceso), un acto típico de la barbarie. Las informaciones periodísticas, por valiosas que sean, distan un buen trecho de los pronunciamientos judiciales; para aquellas puede bastar el rumor, el indicio o —incluso— la sospecha; por el contrario, estos, más lentos y reposados, deben basarse en pruebas sólidas e irrefutables. Por ello la culpabilidad o inocencia de las personas depende de estos y no de aquellas.

La democracia es un régimen que se hace día a día a base no sólo de leyes sino también y muy principalmente a base de tradiciones y costumbres que la van consolidando y fortaleciendo, y una de ellas es, sin duda, el respeto cotidiano y permanente a la independencia y al trabajo de los jueces. ¿Qué sucedería si el juez competente absolviera al señor Urdangarín?, ¿no estaríamos corriendo, en tal caso, el riesgo de que el linchado fuera el propio juez?, ¿es esto la independencia del Poder Judicial?

Supongamos, por el contrario, que el juez le declara culpable. ¿Debe tal pronunciamiento afectar a la Monarquía? La cuestión no es baladí; si la Monarquía es o no una institución positiva para la sociedad española es una cuestión independiente de las vicisitudes de los miembros y allegados de la Familia Real; otra cosa sería considerar que es una institución indiferente cuando no negativa, que se mantiene por consideración a una persona o a una familia, en ningún caso por cuestiones de fondo.

Hay muchos, quizás demasiados, representantes elegidos democráticamente que no ya sus familias, sino ellos mismos tienen comportamientos calificados por los jueces como delitos; es decir, son delincuentes y ello no afecta y no debe afectar a la democracia, institución que nos hemos dado los españoles con independencia de los comportamientos concretos de algunos de los que la encarnan. Podría decirse que estos comportamientos irregulares y delictivos son el precio de la libertad si no fuera porque en las dictaduras el precio puede y suele ser mayor.

A mi juicio, con la Monarquía debe suceder algo análogo; la Monarquía es una institución antigua, pero no es una institución vetusta, no es una antigualla inútil que debamos mantener tan sólo por motivos ornamentales puesto que no se corresponde con los tiempos modernos, ni tampoco respetar tan sólo por los méritos personales (que son muchos) del Restaurador, del Rey Juan Carlos.

Me explico: en Occidente y en el siglo XXI no existe, no puede existir, más legitimidad del poder que la democrática, la que otorga el pueblo en las elecciones y eso es lo que corresponde a una civilización como la nuestra, que hace tiempo se secularizó. Sin embargo, todos conocemos, vamos conociendo, sus imperfecciones, que las tiene como toda obra humana; en concreto dos defectos son casi inevitables: el cortoplacismo y el partidismo. Parece claro que sería conveniente algún mecanismo que evitara o al menos paliara estos defectos: una institución que, por definición, se fijara en el largo plazo y que representara un papel neutral o, dicho de otra manera, que en lo mucho que nos une a todos los españoles (que es más que lo que nos separa) nos representara a todos. Esa institución es precisamente la Monarquía; un contrapunto de los regímenes democráticos que al atenuar sus defectos perfecciona y complementa dichos regímenes; por ello vemos que entre el puñado de democracias más avanzadas en todos los terrenos del planeta hay un número nada desdeñable de monarquías.

Si de la teoría pasamos a la práctica, comprobamos que en España la Monarquía ha sido el régimen, con diferencia, más tradicional y también que ha tenido épocas de todos los colores: buenas, regulares, malas e incluso muy malas. Por el contrario, repúblicas hemos tenido sólo dos y si las juzgamos por sus resultados (y no por sus intenciones) no han podido ser peores; ambas generaron una gran inestabilidad, terminando la Segunda con la más cruenta guerra civil de nuestra Historia; si alguien lo duda que relea los testimonios de la época o las crónicas de los historiadores, especialmente los extranjeros, cuya objetividad es menos cuestionable. No se trata aquí de buscar culpables, pero sí de alertar de los riesgos que pueden amenazar nuestra convivencia.

Hace ya casi cuarenta años retornó la Monarquía con el firme y deliberado propósito de instaurar la democracia y poco después (en 1978) el pueblo español se dio libremente una Constitución que estableció un régimen democrático con la Monarquía como forma de gobierno (por tanto votada por el pueblo español); desde entonces los españoles hemos gozado de un régimen de paz, libertad y prosperidad sin parangón, no sólo en los últimos tiempos —siglos— sino en toda nuestra historia.

Un régimen, la Monarquía Constitucional, que nos ha permitido recuperar, casi en su totalidad, nuestro retraso secular; hoy —dejamos a un lado la crisis (pasajera, como todas)— nos codeamos, sin complejos, con los países más avanzados del mundo; se nos mira con respeto y en muchas ocasiones con admiración; en definitiva, nos hemos europeizado y con ello ha venido, como diría Ortega, la solución; naturalmente tendremos que seguir trabajando y esforzándonos, pero no parece tiempo —este que vivimos— de mirar hacia atrás con nostalgia y, menos, con ira.

En conclusión y —como digo— sin nostalgias de tiempos felizmente superados, se trata de encarar el futuro y decidir siempre lo que sea mejor para los intereses generales; como ha dicho reciente y acertadamente Juan Van Halen, «el dilema en España no es Monarquía o República, sino sistema útil y consolidado o aventurerismo con terribles precedentes».

Por Eduardo Serra Rexach, presidente de la Fundación Everis.

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