La corrupción es el segundo problema más importante para los españoles, después del paro. El clamor popular que denuncia los desmanes de muchos corruptos y corruptores está presente diariamente en las páginas de los periódicos de papel y digitales, ocupa casi todo el tiempo de los programas de noticias de radio y televisión y de las tertulias radiofónicas, especialmente en las intervenciones de los radioyentes. Más de trescientos casos de corrupción ante los tribunales, protagonizados casi en su totalidad por políticos o personajes públicos de la clase dirigente (que incluye a políticos, grandes empresarios, entidades financieras, sindicatos, y también algunos medios de comunicación). Los propios políticos se han denunciado unos a otros, mientras el pueblo asiste atónito a este cruce de improperios. Pero nadie devuelve el dinero, nadie va a la cárcel, nadie pide disculpas, ningún partido parece darse por aludido, pues cada uno solo está pendiente de la paja en el ojo ajeno. España lleva meses siendo noticia casi diaria en los medios de comunicación internacionales por la corrupción, y por primera vez el embajador de una gran potencia se ha visto movido a aconsejarnos que acabemos con esa locura cuanto antes. España ha logrado ocupar el primer lugar en algo que no sea el fútbol. La corrupción es el tema central de las conversaciones privadas en familia, con los amigos, en las comidas de trabajo... Por tanto, cabe preguntarse por algunas de las causas que han provocado la corrupción y por algunas posibles maneras de enfrentarse a ella. Que nadie espere aquí denuncias concretas de ningún partido concreto y de ningún nombre propio. Lo que importa no es la declaración personal de la renta de este o aquel político, o las cuentas de este o aquel partido. Lo que está en cuestión no es la honorabilidad de este o aquel político, es el funcionamiento de los partidos políticos españoles, puesto que entre los trescientos casos conocidos (y no es difícil imaginar que el número de los casos no conocidos probablemente sea varias veces superior) se encuentran afectados todos los del arco parlamentario, de manera proporcional a su cuota de poder en las instituciones políticas. Por tanto, que nadie crea que tiene la exclusiva moral para poder acusar a los demás sin entonar su propio «mea culpa». Pero antes de seguir adelante hay que dejar una cosa muy clara: ni el autor de este comentario ni la opinión pública mayoritaria cuestionan la existencia de los partidos políticos, pues no hay democracia sin partidos políticos o elecciones, como tampoco puede haber democracia real con corrupción y sin rendición de cuentas ante los electores (en lugar de ante los aparatos de los partidos). Lo que todos deseamos es un rearme moral de la sociedad española que pasa por una limpieza de la corrupción en todo el sistema de partidos políticos, no por un pacto de silencio entre los partidos.
En cuanto a las causas de este estado de corrupción, parece haber bastante consenso en la opinión pública en que su origen está, aunque no exclusivamente, en la Ley Electoral, que estableció el sistema de listas cerradas elaboradas por los partidos, de manera que los teóricamente representantes de la voluntad popular en realidad representan la voluntad de los aparatos de los partidos y no la de los ciudadanos. Este sistema favorece el presidencialismo y el personalismo sin controles ni equilibrios de poder. En efecto, la lucha política real termina cuando alguien se convierte en líder máximo de un partido. Después, quien gana las elecciones se convierte en presidente del Gobierno, y adquiere el mando y control del aparato del partido, del grupo parlamentario, del Gobierno, por supuesto, de los altos órganos judiciales, y también de la administración pública que depende de su gobierno; y más recientemente ha adquirido también, de hecho, el poder de influir, de forma directa o indirecta, sobre las grandes empresas privadas. El presidencialismo de los partidos políticos, carentes de democracia interna (puesto que incumplen lo establecido en los artículos 6 y 67.2 de la Constitución, que exige que su estructura y funcionamiento internos sean democráticos, y que los miembros de las Cortes Generales no estén ligados por mandato imperativo) , junto con la penetración de los partidos políticos en todos los sectores de la sociedad española, está contribuyendo a la mala calidad de nuestra democracia. Este proceso, incrementado por un exceso de descentralización de competencias hacia las comunidades autónomas, por el mal uso que en general se ha hecho de ellas y, por qué no decirlo, por la deslealtad constitucional de algunas, ha favorecido la corrupción política hasta niveles nunca conocidos. «El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». La corrupción generalizada en los partidos políticos, la ausencia de división de poderes y la descentralización excesiva e incontrolada han llevado ya a la desaparición de una parte importante del sistema financiero, las cajas de ahorros, que tuvieron un papel fundamental en España durante siglos. La irrupción de los partidos políticos en sus consejos de administración ha llevado a la quiebra a muchas de ellas, y finalmente a su desaparición. Las malas prácticas de corrupción en las comunidades autónomas y los ayuntamientos están provocando que la opinión pública se plantee ya abiertamente la necesidad de cambios legislativos para mejor controlarlas, e incluso la eliminación de las comunidades autónomas. Pero, si se sigue por ese camino, en otro momento se planteará la necesidad de eliminar los ayuntamientos, las universidades, los colegios y asociaciones profesionales, los hospitales, las ONG, las fundaciones, y finalmente todas las instituciones en que hayan anidado los partidos políticos, debido a la corrupción que suelen introducir allá donde intervienen. No es difícil imaginar que, tarde o temprano, habrá quien proponga que, en lugar de eliminar todas las instituciones contaminadas por la corrupción, se elimine a los propios partidos políticos. Es evidente que esa no es la solución, pues ello implicaría eliminar la democracia, algo a lo que se opone rotundamente toda la sociedad española, y por supuesto el autor de este comentario. Tampoco es solución intentar provocar cambios de gobierno sin pasar por las urnas. Lo que requiere cambios es el sistema actual, en el que los partidos tienen secuestrada a la sociedad española, pues todo depende de ellos.
¿Qué se puede hacer entonces para acabar, o al menos reducir, la corrupción que parece inherente al sistema de partidos de España en la actualidad? En nuestra modesta opinión, tomar todas aquellas medidas que faciliten la reducción del papel de los partidos en la sociedad, limitándolo al ámbito del poder legislativo y del ejecutivo, adoptando las medidas legales que les obliguen a funcionar con democracia interna, a establecer controles independientes sobre su funcionamiento, y a recuperar la división de poderes como es requisito indispensable de cualquier democracia real. Para ello, lo primero es cambiar la Ley Electoral, sustituyendo el sistema actual de listas cerradas elaboradas por los partidos por un sistema de distritos unipersonales en que cada representante sea elegido por sistema mayoritario a doble vuelta. Además, eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, someterles a la Ley de Transparencia para que sus cuentas sean públicas, y para que se conozca el número de personas que trabajan en sus burocracias, así como su patrimonio. Destituir a los cargos públicos que hayan sido imputados judicialmente. Obligar a que los políticos que sean condenados por corrupción devuelvan el dinero que hayan robado o paguen multas por mala gestión del dinero público, y que vayan a la cárcel si son condenados. Reducir el número de diputados autonómicos, la duración de sus períodos legislativos y sus retribuciones. Reducir drásticamente los empleados públicos de libre designación, limitándolos al nivel de subsecretario o superior, y potenciar los cuerpos de funcionarios públicos. Por supuesto, se pueden añadir muchas otras medidas concretas, pero no parece necesario descender aquí a tanto detalle. Pero ha pasado ya la oportunidad de un gran pacto entre los dos grandes partidos nacionales para gobernar juntos, que podría ser sustituido por un amplio acuerdo entre los partidos y la sociedad española para llevar a cabo la regeneración política que ahora se necesita mediante su apoyo a un gobierno de expertos no vinculados a partidos políticos, que se encarguen de hacer todas estas reformas en un plazo máximo de dos años y devuelvan el poder al concluir su mandato.
Por Juan Díez Nicolás, sociólogo