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El pasado 15 de febrero, la llamada “Ley Sinde” fue aprobada en el Congreso. Así votaron y así lo justificaron:

Uxue Barkos Berruezos (Nafarroa Bai): en contra.

Rosa María Díez González (Unión Progreso y Democracia): nuestro voto es negativo, primero, porque criminaliza un comportamiento ampliamente extendido en Internet, que es el intercambio de archivos, a pesar de que los jueces han reiterado que su uso sin ánimo de lucro no constituye un delito. Segundo, porque hurta a los jueces la potestad para el cierre de las páginas web. Tercero, porque atenta contra la neutralidad de la red. Cuarto, porque censura la tecnología, en lugar de promoverla. Quinto, porque se considera ineficaz para resolver el problema por el que ha sido promulgada: la retribución de los autores por el disfrute de sus obras en Internet. Bueno, que les ha servido de disculpa para perseguir actos que no son delictivos, en vez de promover, como dije, las tecnologías en la red. Y, por último, porque denota presiones de gobiernos extranjeros para la defensa de sus propios intereses.

Ana María Oramas González-Moro (Coalición Canaria): en contra.

Francisco Xesús Jorquera Caselas  (Bloque Nacionalista Gallego): Asimismo, manifestamos nuestra discrepancia con la disposición final cuadragésimo cuarta, conocida como ley Sinde. Quiero enfatizar que el BNG está decididamente a favor de una protección más efectiva de la propiedad intelectual. La industria cultural gallega se sustenta en un tejido de pequeñas y medianas empresas, especialmente vulnerables a la piratería y a la conculcación de los derechos de autor, pero discrepamos de la forma elegida, y en democracia, señorías, las formas son muy importantes. En vez de abordarse una reforma serena de la Ley de Propiedad Intelectual, precedida de un proceso de diálogo entre los distintos grupos parlamentarios y agentes implicados, se ha optado por una reforma exprés en el marco de una ley con otro objeto, cuyo resultado no ha contentado a nadie. Por mucho que se hayan introducido mejoras en el Senado, no se reúnen aún las garantías jurídicas necesarias cuando hay derechos fundamentales que pueden verse afectados y consideramos anómalo que se cree un órgano administrativo para dirimir conflictos entre particulares atribuyéndole además funciones impropias de un órgano de estas características, por mucho que se haya reforzado la tutela judicial. Por estas razones también votaremos en contra de esta enmienda.

Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds

• María Nuria Buenaventura Puig: Somos conscientes de la necesidad de defender el libre acceso a la cultura, así como los derechos de autor. Entendemos las potencialidades y dificultades del nuevo escenario que han ido creando las tecnologías de la información, pero reivindicamos el diálogo, la serenidad y el consenso para encontrar las mejores soluciones y exigimos al Gobierno una actitud ecuánime y rigurosa al abordarlas. No ha sido así en lo que hoy se nos plantea. Por todo esto, votaremos en contra.
• Joan Tardà i Coma: Señorías, vamos a votar en contra de la ley Sinde. Como decía el presidente de la Academia de Cine, Internet es el presente, no el futuro, pero la ley Sinde es el pasado. No han querido encontrar un encaje entre Internet, negocio y propiedad intelectual; han optado por la represión. Es verdad que hay un avance entre la filosofía Corcuera de patada a las web y el redactado final que incorpora una cierta mejora en cuanto a la mayor tutela judicial, pero no nos engañamos, la ley Sinde responde exclusivamente a los intereses de los lobbies americanos y de las operadoras, las cuales seguirán ingresando grandes fortunas a costa del ciudadano que paga muy caro el uso de Internet. El Grupo Parlamentario Socialista, Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular han representado un sainete y han desaprovechado una oportunidad para encarar de una vez por todas el problema de cómo adecuar el mismo concepto de propiedad intelectual y de derecho de autor a la era de la digitalización. De hecho, ustedes saben que la subcomisión en el año 2009 ya concluyó que era básico afrontar la modificación integral de la Ley de Propiedad Intelectual. No lo han querido hacer y hoy queda en el aire todo lo que tiene que ver con las operadoras, el límite del dominio público, la transparencia y la gestión de las entidades de gestión, el copyleft, las obras huérfanas y un largo etcétera de problemas por resolver y que no tienen solución. Ustedes han introducido un escenario en el que, como en el juego entre el gato y el ratón, creen que se pueden poner puertas al campo, a la digitalización, y esto no se va a resolver.

Sánchez i Llibre (Convergència i Unió): Nos parece muy positiva también la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, suscrita también por nuestro grupo parlamentario, relativa al cierre de las páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual, ya que creemos que mejora sustancialmente el modelo inicial según las siguientes consideraciones. Primero, porque entendemos que estas nuevas enmiendas aseguran mayores garantías jurisdiccionales en el procedimiento de la sección segunda de la comisión de la propiedad intelectual, al establecer la necesaria intervención y autorización judicial en dos momentos, el inicial, para identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que esté realizando la conducta presuntamente vulneradora de los derechos de la propiedad intelectual; y en un segundo momento, señorías, cuando se tenga que ejecutar el cierre de la página web en cuestión. Este cierre, señorías, no se podrá llevar a cabo por la comisión de la propiedad intelectual sin la previa autorización judicial, que valorará la posible afectación de los derechos y libertades garantizados en la Constitución, y este es para nosotros un hecho relevante. En segundo lugar, es importante destacar que no va en contra de los usuarios. Repito, este acuerdo no va en contra de los usuarios, como sucede, señorías, en otros países de nuestro entorno, sino que únicamente se aplicarán medidas contra el prestador del servicio de la sociedad de la información que esté lucrándose o produciendo un daño patrimonial por esa vulneración de derechos de la propiedad intelectual. Por tanto, queda aquí también reflejada nuestra postura y cuál va a ser la posición de nuestro grupo parlamentario votando favorablemente…

Nadal Belda (Partido Popular): a favor (ni una sola mención a la “Ley Sinde”).

Gastón Menal (PSOE): a favor (ni una sola mención a la “Ley Sinde”).

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Escribía en el título “punto y seguido” porque la guerra no ha acabado. La primera batalla ha finalizado pero aún quedas dos más: la redacción del reglamento y la respuesta de los jueces.

Respecto a la primera no cabe duda de que la industria audiovisual saldrá de nuevo ganadora. Ya se encargará de ello González-Sinde, que por algo la auparon al ministerio de Cultura. De hecho, estoy seguro de que ese reglamento ya está redactado y solo esperan a que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (paso necesario para que funcione el tinglado) para presentarlo en sociedad.

Los jueces tendrán la última palabra. Dado que no podrán valorar si se vulneran o no los derechos de propiedad intelectual (recuerden que no entran en el fondo del asunto y no cierran el sitio), bastaría con que un juez planteara una cuestión de constitucionalidad para detener todos los procesos de la misma naturaleza.