España

Si hace unos días nos imbuíamos en la historia de la inauguración de la estación de Canfranc en 1928, esta semana nos toca hablar de su recreación porque el pasado 17 de septiembre del presente año se declaraba la «Recreación Histórica de la Inauguración de la Estación Internacional de Canfranc», que tiene lugar cada año el día 18 de julio en dicha localidad, como Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

Y como prueba del esfuerzo que realizan los canfraneros para transportarnos al siglo pasado, les dejo una galería de imágenes que corroboran el éxito de su trabajo:

Alfonso XIII, Primo de Rivera y Gaston Doumergue, presidente de Francia, en la inauguración de Canfranc
Alfonso XIII, Primo de Rivera y Gaston Doumergue, presidente de Francia, en la inauguración de Canfranc

El 18 de julio de 1928 se inaugura la estación de Canfranc en presencia del rey Alfonso XIII, el general Miguel Primo de Rivera y el presidente de la República Francesa Gaston Doumergue. De aquella solemne ceremonia solo han llegado a nuestros días las imágenes grabadas por Antonio Tramullas (Inauguración del ferrocarril de Canfranc), que se conserva en la Filmoteca Española,y otra grabación realizada por Charles Pathé que fue descubierta en 2019. La primera no está disponible al público pero podemos disfrutar de la segunda:

Desde aquél lejano año muchos han pretendido enterrarla, pero su epitafio aún no se ha escrito. La lucha de los aragoneses para lograr esta infraestructura arranca el 19 de noviembre de 1853. En esa fecha se firmó el manifiesto «Los aragoneses a la nación española», un documento en el que se pedía por primera vez que se construyera una línea de ferrocarril que uniera Madrid y París a través del Pirineo aragonés. A partir de esa fecha se suceden diversos hechos que culminan con la inauguración de la estación.

En 1970 el descarrilamiento de un tren de mercancías en el lado francés y el posterior derrumbe del puente de L’Estanguet supuso el cierre de la línea. Desde entonces, la lucha —tanto desde España como desde Francia— por abrir de nuevo ese corredor ferroviario no ha cesado y es tal el empeño puesto en ello por nuestros conciudadanos que cada 18 de julio recrean su puesta en marcha. El periódico Heraldo de Aragón le ha dedicado un especial titulado 90 años de trayecto que narra el devenir de este emblemática obra.

El gasto público en salud

En estos días que tanto se habla de la sanidad, conviene acudir a los datos para alejarse tanto de sectarios como de populistas. Basta revisar el State of Health in the EU · España · Perfil sanitario nacional 2019 (último publicado) para comprobar que el sistema de salud español presenta, en relación al resto de países europeos, aspectos positivos y negativos.

En el mencionado informe se resume así la situación de la sanidad:

España tiene la esperanza de vida más elevada de la UE y su desigualdad social en materia sanitaria es menos pronunciada que en muchos otros países. Sin embargo, gran parte de la vejez se vive con enfermedades crónicas y discapacidades, lo que incrementa la demanda de los sistemas sanitarios y de cuidados de largo plazo. El gasto sanitario per cápita en España es más de 15% inferior a la media de la UE. Aunque la mayor parte del gasto está financiado públicamente, el gasto directo de las familias representa un porcentaje mayor que la media de la UE. El sistema sanitario español se basa en un sólido sistema de atención primaria, pero la creciente demanda de servicios derivada del aumento constante de las enfermedades crónicas podría requerir un uso mayor y más eficiente de los recursos.

El fuego purificador17 de marzo de 2020: «Ayer se quemó el cuerpo de la meditadora. Con ella se quemaron muchas cosas. Se quemaron 4 toneladas de madera. Se quemó un año de trabajo intenso y maravilloso. También se quemó la posibilidad muy tangible de ver la figura de la meditadora en la plaza como un símbolo histórico, universal y revolucionario. Se quemó el cuerpo de una mujer meditando en el centro de una crisis mundial, en el centro del ruido que un virus silenció.

No es este el final que esperabamos. Tampoco lo son las circunstancias. La magnitud de esta figura ya nunca podrá ser. Quizás otra mujer, quizás una parte de esta, quizás solo el recuerdo, quizás solo su ausencia. Afortunadamente, más allá de la forma, su mensaje si ha trascendido. La mujer meditando nos cuenta que todo es impermanente. Nada es para siempre. Superaremos el vacío de estas fallas. Superaremos la cuarentena. Superaremos esta crisis. Superaremos el nuevo orden mundial. Lo superaremos todo, incluso la vida en este plano material. Y el mundo seguirá girando. 360 grados en 24 horas…» —Escif

Recetas económicas para una crisisNo soy economista y mis conocimientos sobre la materia se limitan a los conceptos más manidos en este mundillo: PIB, renta per cápita, impuestos directos e indirectos, demanda agregada y poco más. Sin embargo y al igual que todos ustedes, formo parte de una pequeña empresa a la que llamamos «familia». Las hay de distintas clases y tamaños pero todas ellas comparten los mismos tipos de gastos e ingresos.

Por el lado de los ingresos contamos con los salarios y las transferencias del sector público (prestaciones de desempleo, pensiones, ayudas familiares, etc). Por el lado de los gastos, el consumo de bienes y servicios finales (alimentación, ropa, electricidad, etc) y los impuestos. La diferencia, en caso de ser positiva, es el ahorro.

La empresas, por su parte, presentan un esquema muy parecido. Los que las familias gastan en bienes y servicios finales son sus ingresos a los que se les suma las subvenciones y ayudas proporcionadas por el sector público. En el lado contrario, sueldos, impuestos y consumo de bienes y servicios finales.

En medio de ambas organizaciones se encuentra el sistema financiero que capta el ahorro para después ofrecer recursos para la inversión a las empresas y préstamos a las familias para su consumo. Y por supuesto, el sector público cuyos ingresos dependen de los impuestos mientras que los gastos comprenden las transferencias a las familias y a las empresas, servicios productivos (v.g. contratar personal), y bienes y servicios finales.

Con la declaración del Estado de alarma este flujo de ingresos y gastos se ha deformado y el Gobierno presenta como solución el aplazamiento de las deudas (y no de todas) pero esto solo conseguirá diferir en el tiempo el problema. Supongamos que esta situación se prolonga durante dos meses: ¿y si borramos del mapa económico ese tiempo para todas las familias y para la empresas afectadas?

Dejamos de pagar durante ese tiempo la hipoteca, el alquiler y los impuestos, y eliminamos el IVA de la electricidad, el agua, la basura, Internet,… medidas todas ellas aplicables tanto a las familias como a las empresas. No solo eso sino que además se reduciría de forma proporcional los impuestos directos anuales en aquellos apartados afectados por el confinamiento. Con ello reducimos el gasto al mínimo imprescindible de forma que sacrificamos una parte muy pequeña de nuestro ahorro.

El flujo económico se rompe quedando el Estado como único garante del sistema. Mantendría tanto las transferencias a las familias (prestaciones de desempleo, pensiones, ayudas familiares) como a las empresas (subvenciones) y seguiría gastando en bienes y servicios finales así como en servicios productivos. Como es obvio, sus ingresos se reducirían de forma notable y sería entonces cuando el Banco Central Europeo debería acudir en ayuda del país mediante la compra de deuda. Sencillo, efectivo y práctico.

Nota: probablemente, nada de lo dicho tenga sentido y estoy seguro de que los economistas se llevarían las manos a la cabeza si leyeran esta peregrina idea pero… ¿y si tengo razón? Hasta los caballitos del diablo me mirarían asombrados.

Existen dos modelos básicos de sistema electoral: mayoritario y proporcional, aunque cada uno de ellos comprende asimismo varios subtipos. En España se utilizan ambos ya que en el Senado se aplica un «escrutinio mayoritario plurinominal parcial» y en el Congreso un sistema proporcional basado en la Ley d´Hondt.

La mayoría de los sistemas electorales priman la gobernabilidad por encima de la proporcionalidad. De una u otra forma, los partidos más votados obtienen una mayor representación parlamentaria que si se aplicara una simple regla de tres. El objetivo es facilitar mayorías de gobierno amplias que a su vez permitan estabilidad a lo largo de todo el mandato. Con ese mismo fin y evitar parlamentos muy fragmentados, se suele establecer un umbral por debajo del cual la candidatura queda descartada. En España aquél está establecido en al artículo 163. 1.a de la LOREG: «No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción».

En el caso del Congreso nos encontramos con dos problemas: coste del escaño en votos e infrarrepresentación de las minorías nacionales. Veamos los datos:

El sistema electoral a debate

Si tomamos los datos de las última elecciones, podemos comprobar como PACMA (una minoría nacional) con seis veces más votos que el PRC (Partido Regionalista de Cantabria) se queda sin representación mientras que el partido regionalista obtiene un diputado. Lo mismo les ocurre a Front Republicà y al BNG ya que ambos obtuvieron más votos que PRC y se han quedado sin embargo con cero escaños. Como vemos, el uso de la circunscripción provincial provoca la infrarrepresentación de minorías nacionales en contraposición a los partidos regionalistas.

Si nos fijamos ahora en el coste de cada escaño en votos, veremos que la diferencia entre el escaño más «barato» y el más «caro» es de 59.352 votos. Resulta evidente que no todos los votos valen lo mismo. En este caso, no es tanto el tipo de circunscripción como la relación entre el número de votantes y de diputados elegidos en cada una de ellas. En Cantabria votaron 361.565 personas (/5 escaños = 72.313) mientras que en Madrid lo hicieron 3.786.761 (/37 escaños = 102.344). Aunque tomáramos el censo en lugar del número de votantes, la diferencia sigue siendo muy grande: 92.602 y 128.331 respectivamente. Lógico, por tanto, que el voto cántabro tuviera mucho valor que el madrileño ya que son necesarios menos votos para obtener un escaño.

Esto sucede porque, de los 350 totales, solo 248 diputados se asignan de forma proporcional a la población de derecho. Los otros 102 salen de asignar dos a cada provincia (excepto Ceuta y Melilla que tienen uno cada una de ellas) con independencia de su población. El corolario a esta distribución es la repercusión negativa en el reparto de los escaños para los partidos nacionales menos votados ya que necesitan muchos más votos para alcanzar un escaño. Les pasó en su momento a Izquierda Unida y UPyD, y les ha pasado en estas últimas elecciones a VOX (en menor medida también a Podemos).

Pero entonces…, ¿es nuestro sistema electoral proporcional? La respuesta es sí. Si calculamos el coeficiente de correlación entre el número de votos y el de escaños obtenidos, el resultado es 0.98, es decir, casi perfecto. La fórmula D’Hondt pretende mantener, dentro de determinado nivel mínimo, la sobrerrepresentación del partido más votado por lo que el coeficiente de correlación se mantiene alto aún en el caso de la circunscripción provincial. Otros índices más específicos, como el de Loosemore–Hanby,  arrojan asimismo una proporcionalidad casi perfecta.

¿Y aún así es injusto? En parte sí lo es debido a los dos problemas ya comentados, es decir, la infrarrepresentación de las minorías nacionales y el valor del voto. Ambos son consecuencia no de la fórmula D’Hondt sino del tipo de circunscripción y de la asignación de los escaños a cada provincia.

¿Y cómo podemos resolver esos problemas? Muy sencillo: cambiando la circunscripción de provincial a nacional y mantener intactos el resto de los elementos (fórmula D’Hondt y umbral). El coeficiente de correlación sube al 0.99 y el coste de los votos para cada partido es prácticamente el mismo para todos ellos.

A cada muerte de una mujer se produce una tormenta mediática y política acompañada de la ya clásica revuelta en las redes sociales. De uno a otro extremo se difunden mensajes alarmistas o racistas que acaban por producir tal desazón que solo consiguen amedrentar a las mujeres. A la vista de todo ello, parecería que las mujeres no pueden salir a a la calle sin miedo a ser asesinadas. Hoy mismo, por ejemplo, la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que se necesitan «políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten»: ¿a qué se refiere? ¿a poner un policía detrás de cada mujer? ¿obligar a las mujeres a ir en grupos de cinco? ¿una alarma conectada a la policía en el tobillo de cada mujer? ¿encarcelamos a todos los hombres?.

¿De verdad es tan grave la situación? A la vista de los estudios, la respuesta es «No». En realidad, los populistas de derecha e izquierda aprovechan para lanzar un mensaje con el ánimo de provocar miedo entre las mujeres. Se gobierna mejor a una sociedad amedrentada que a una libre y sin miedo. No dudan, por tanto, en introducir en el debate público la nacionalidad o el sexo de los asesinos con el fin de magnificar un fenómeno que es absolutamente residual en nuestro país.

España ya cuenta con uno de los códigos penales más duros de Europa gracias sobre todo a la reforma llevada a cabo por el PSOE en 2008 que se endureció, aún más si cabía, con la Prisión Permanente Revisable promovida por el PP en 2015. Por otra parte, en España se cometen cada vez menos homicidios y la tasa anual es de las más bajas de mundo: 0,6 por cada 100.000 habitantes, un cifra ínfima comparada por ejemplo con Francia (1,3) o Finlandia (1,4).

Al grito populista de «¡Nos matan a todas!» hay que enfrentar la realidad y ésta nos dice que las mujeres pueden sentirse seguras en España. Este estudio lo demuestra: Informe sobre el homicidio en España (2010-2012). Menos basura sentimental y más razones jurídicas y lucha anticrimen.

No hay día en el que la clase política no demuestre su incapacidad para respetar las más elementales normas democráticas. Esta semana, el Tribunal Supremo sorprendió a tirios y troyanos a cuenta del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. Tras mantener durante años que era el prestatario quien debía pagar ese impuesto, una sentencia da un giro de 180 grados y dictamina que es la Banca quien debe hacerlo. Posteriormente, el pleno del Supremo decide mantener la jurisprudencia y devuelve al cliente tal obligación. Inmediatamente, todos los partidos anuncian que apoyaran cualquier medida dirigida a evitar que sean los consumidores quienes se hagan cargo del tributo. Incluso alguno, como el Partido Popular, ha propuesto que directamente se elimine.

A primera vista, parecería que tal unanimidad a favor de los ciudadanos es toda una victoria de la democracia. Sin embargo, se trata en realidad de una reacción populista encabezada por el gobierno ilegítimo del okupa Pedro Sánchez y a la que se han sumado el resto de partidos.

En primer lugar, el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados fue aprobado por Real Decreto Legislativo en el año 1993, es decir, hace ¡25 años!. Gobernaba por entonces Felipe González (PSOE). En dicho texto refundido se recogieron preceptos existentes en otras disposiciones que también fueron aprobadas por el Gobierno socialista. Su artículo 29 reza así: «Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan.»

En 1995, dos años más tarde, aprobaban los socialistas el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En su sección 2 (Sujeto Pasivo), artículo 68 (Contribuyente) se copiaba literalmente el artículo 29 del Texto Refundido pero además se añadía un segundo párrafo: «Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario.» Fue precisamente este párrafo el anulado por Sentencia TS (Sala Tercera, Sección 2.ª) de 16 de octubre 2018, Rec. 5350/2017. Posteriormente, el Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo ha acordado desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario [Nota informativa de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (6-11-2018)] Seguir leyendo …

Leonardo Alenza: La muerte de Daoíz en el Parque de Artillería de Monteleón, 1835.
Leonardo Alenza: La muerte de Daoíz en el Parque de Artillería de Monteleón, 1835.

El reinado de Isabel II fue un momento especialmente favorable para el cultivo de la historia. Al igual que sucedió en los otros países de la Europa occidental, la incorporación del romanticismo a nuestra cultura, junto con el triunfo de la revolución liberal y la consolidación del nuevo Estado nacional, propiciaron un notable incremento de la preocupación por el pasado. En plena eclosión del romanticismo, los años cuarenta fueron quizá, como ha señalado Javier Fernández Sebastián, los de mayor producción historiográfica de todo el siglo XIX. Pero el florecimiento de la historia no fue la única manifestación de esta intensa pasión por el pasado: la literatura y las artes plásticas —piénsese, por ejemplo, en la boga de la «novela histórica» o de la «pintura de historia»—también reflejaron directamente esta estrecha imbricación entre cultura y pasado1.

Por otra parte, lo que entonces se produjo no fue, exclusivamente, una mayor atención a la historia. Los tiempos de Isabel II asistieron también a una reconstrucción de ese pasado, a una reelaboración del mismo a partir de nuevas bases, necesariamente adaptadas al nuevo contexto cultural y político. Al peso de estos condicionantes fundamentales, en la encrucijada del romanticismo, el liberalismo y el nacionalismo, está dedicada la primera sección de este trabajo, que abordará después, más extensamente, el análisis de los principales contenidos —nada unívocos, como veremos— de esta recreación cultural del pasado español.

Seguir leyendo en Las recreaciones del pasado español. Por Mariano Esteban de Vega. Universidad de Salamanca.