España

Ni en sueños imaginó Orwell que la distopía que desarrolla en su novela «1984» se pudiera convertir en realidad: en estos últimos años la llamada «cultura de la cancelación» y un renovado puritanismo han restringido de forma muy notable nuestra libertad de expresión. No obstante, el mayor peligro proviene de los propios gobiernos. La deriva totalitaria se ha nutrido de variadas justificaciones (pandemias, terrorismo,...) para reducir el ámbito privado de los ciudadanos hasta límites insospechados hasta hace bien poco. El «Gran Hermano» ha llegado y no parece que se vaya a despedir pronto. Más bien justo todo lo contrario.

Entre las herramientas favoritas de los gobiernos se encuentran aquellas que permiten la recopilación de datos personales de sus ciudadanos. Mientras se desgañitan e incluso legislan para impedir que las grandes tecnológicas se apropien y hagan uso de ellos, impulsan leyes para apropiarse de esos mismos datos que dicen proteger. La hipocresía es sin duda la marca del Gobierno socialista.

El penúltimo recorte de la privacidad lo ha pergeñado uno de los peores ministros de la democracia, a saber, Marlaska. El asunto viene de lejos, exactamente desde la publicación del Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, cuyas disposiciones deberían haber entrado en vigor el 2 de enero de 2023. En esta ley se dispone que tanto en establecimientos de hospedaje como en las empresas de alquiler de vehículos se recojan una serie de datos relativos a las personas que se alojan en el hotel o alquilan un vehículo.

La medidas contempladas en el mencionado Real Decreto se han ido retrasando ante la oposición de quienes deben recoger la información. La sociedad civil, por su parte, duerme el sueño de los justos y evita manifestarse en contra de este asalto a la privacidad personal no fuera a ser que la tilden de ultraderechista. Ahora todo parece indicar que finalmente el Ministerio de Interior no va a conceder más prórrogas.

Vayamos al fondo de la cuestión. Lista de los países europeos donde he pernoctado en los últimos años: Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Polonia, Austria, Estonia, Letonia y Lituania. En todos los establecimientos me han exigido un único documento: el DNI o el pasaporte. Marlaska pretende ahora que facilitemos una larga lista de datos entre los que se incluyen, además de los que constan en el DNI, los siguientes: lugar de residencia habitual (no tiene por qué coincidir con lo indicado en el DNI), teléfono fijo y móvil, correo electrónico y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad). En cuanto al pago se requiere la identificación del medio de pago (efectivo, tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta bancaria, solución de pago por móvil u otros). Puestos a quebrantar el secreto bancario, Marlaska podría proponer mañana mismo que la policía exigiera esos mismos datos a las empresas en cualquier transacción económica realizada por los ciudadanos en sus compras. No debemos olvidar que el destino de la información recopilada no es Hacienda sino la policía.

Si la hipocresía es seña de identidad del gobierno socialista, no lo es menos la mentira (o las medias verdades) incluso en documentos oficiales. El preámbulo informa del beneplácito de las directivas europeas, pero olvida que la Comisión Europea emitió un informe desfavorable. En él se manifiesta que la recopilación de datos aprobada por el Gobierno de España es desproporcionada e innecesaria e infringe la normativa comunitaria y la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales; Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000).

Volvemos así a los tiempos franquistas en los que la Brigada de Investigación Social, al más puro estilo nazi, recopilaba información sobre la vida cotidiana de los españoles y confeccionaba fichas policiales para controlar a los disidentes. En la actualidad ya no se trata tanto de afinidades políticas como de conocer todo sobre los ciudadanos con fines en absoluto inocuos.

Una vez más, los que nos gobiernan restringen nuestra libertad como ya hicieron en asuntos incluso mucho más graves que este ataque injustificado a la privacidad de los ciudadanos. De cerrar el Parlamento durante la pandemia—medida declarada inconstitucional— a las listas orwellianas pasando por el nepotismo y el grave deterioro de las instituciones púbicas. Lo próximo será la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. No es baladí el asunto.