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El 3 de enero de 1979 la Santa Sede y el Gobierno español firmaban en el Vaticano cuatro Acuerdos —Jurídico, Económico, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asistencia Religiosa a los Católicos de las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos—. No se trataba de la supresión del Concordato vigente desde 1953, sino de su revisión o, mejor, de algunos retoques que dejaban intacto el núcleo fundamental de la vieja alianza Estado-Iglesia católica romana en España, en beneficio de esta y sin contrapartida alguna por parte del Estado.
Los firmantes fueron, por el Gobierno español, Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, y por la Santa Sede, el cardenal Jean Villot, secretario de Estado del Vaticano.… Seguir leyendo »
Ante la creciente confusión derivada de noticias falsas, medias verdades, declaraciones ligeras y manipulaciones, es hora ya de realizar algunas consideraciones estrictamente jurídicas sobre la decisión política del Gobierno de exhumar el cuerpo de Francisco Franco Bahamonde. En primer lugar, la Basílica –iglesia abacial del Valle de los Caídos– es un lugar de culto, por lo que se le aplica el artículo 1.5 del Acuerdo España - Santa Sede sobre asuntos jurídicos de 1979 que garantiza su inviolabilidad con arreglo a las Leyes.
El Acuerdo concordatario citado es un tratado internacional, tal y como ha afirmado la doctrina del Tribunal Constitucional y en virtud de los artículos 95.1 y 96.1 de la Constitución, sus normas, incorporadas al ordenamiento jurídico español, no pueden ser modificadas unilateralmente por leyes internas, estatales o autonómicas.… Seguir leyendo »
El triunfo de la moción de censura ha transformado de forma súbita la realidad española. El nuevo gobierno socialista parece empeñado en abrir una fase de revisión de la política llevada a cabo por el Partido Popular. Una revisión que afecta a diversos ámbitos fundamentales, entre otros las cuestiones relacionadas con la Iglesia y su propuesta para la sociedad española. En este contexto de nuevos aires, que por desgracia no son nuevos ni renovadores en sus principios, conviene reflexionar sobre la vigencia de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español y sobre la necesidad de afrontar cualquier propuesta de cambio en unos cauces de conveniente entendimiento de acuerdo con la naturaleza y el valor de la propuesta social de la Iglesia y del respeto que merecen los derechos fundamentales de la población creyente en el marco de la libertad religiosa y de creencias.… Seguir leyendo »
La famosa frase de Manuel Azaña, pronunciada en 1931 y tantas veces utilizada como ariete contra la Segunda República, se aproxima hoy más que nunca a la realidad: “España ha dejado de ser católica”. Es decir, los españoles se declaran en su mayor parte católicos pero se hallan inmersos en un rápido proceso de secularización y ya no se comportan de acuerdo con los preceptos de la Iglesia. Los practicantes sólo representan —en el mejor de los casos— un tercio de la población, mientras los rituales religiosos, relacionados con la sociabilidad más que con las creencias, pierden peso: las bodas civiles suman el doble que las canónicas.… Seguir leyendo »
Los acuerdos entre los Estados y la Iglesia católica son un instrumento jurídico que apareció en el siglo XII. Durante más de un milenio, la Iglesia no sólo pudo vivir sin concordatos, sino que en ese tiempo creció, llevó el Evangelio a todos los pueblos de Europa y puso las bases de la civilización cristiana. En principio, la Iglesia, para cumplir su misión, no necesita de modo ineludible que los Estados se avengan a establecer con ella sistemas jurídicos como los concordatarios. Pero la historia ha avanzado por estos caminos con resultados favorables no sólo para la propia Iglesia, sino sobre todo para los ciudadanos y para las sociedades en las que la Iglesia vive y trabaja.… Seguir leyendo »
El Derecho sería muy aburrido si todos opináramos lo mismo sobre temas jurídicos de hondo calado. En este sentido, y por ejemplo, tan respetable me parece la posición de quienes solicitan la denuncia de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, como los que entienden inoportuna o incluso imposible dicha denuncia. Ya se comprende, pues, que la argumentación que a continuación desarrollo quiere ser respetuosa con la posición mantenida por el principal partido de la oposición sobre la cuestión planteada, quizás con algo de ligereza.
Lo cual no quiere decir que, de entrada, no la considere anómala y contradictoria, siempre tomando como punto de referencia el texto de la proposición no de ley presentada en el Congreso.… Seguir leyendo »
A lo largo de 1978 la Iglesia y el Reino de España negociaron cómo regular las relaciones entre ambos en cuestiones de interés común. Las negociaciones se plasmaron en cuatro Acuerdos, de enero de 1979, sobre «asuntos jurídicos», «enseñanza y asuntos culturales», «asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos», y «asuntos económicos», respectivamente. Partiendo de la proyección social del fenómeno religioso (es decir, que el fenómeno religioso se manifiesta como factor social específico en el ámbito civil), el Estado acuerda con la Iglesia determinados aspectos de la dimensión social de la vida religiosa de sus ciudadanos.… Seguir leyendo »
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