Álvaro Redondo Hermida

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La Amnistía en la doctrina del Tribunal Constitucional

El debate social sobre la legitimidad de una nueva ley de Amnistía es de tal relevancia, que merece una ponderada y objetiva reflexión doctrinal, tomando en cuenta, de modo conjunto, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina del Tribunal Constitucional.

En nuestro actual momento histórico, la jurisprudencia del Tribunal Supremo enseña que no es legítima la adopción de una nueva ley de Amnistía, posterior a la de 1977, no siendo constitucional una nueva ley análoga (Sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20-11-13).

Todos los tribunales de justicia están llamados a aplicar las normas constitucionales, si procede, incluso de modo directo (artículo 117 CE).…  Seguir leyendo »

Recientes pronunciamientos judiciales relativos a conductas que afectan a la libertad sexual han estimulado el público debate, que se extiende a la legislación y las sentencias que recaen sobre este tipo de asuntos. Una reflexión plenamente legítima, mientras no derive hacia descalificaciones personales o infundadas, que exceden del ámbito de la libertad de crítica.

La sociedad española puede confiar en su actual legislación penal, ciertamente minuciosa, porque es altamente técnica y a veces de cierta complejidad, pero siempre a la altura de la prudencia de los juristas competentes que la han elaborado. Puede confiar en ella en orden a prevenir y sancionar adecuadamente los delitos contra la indemnidad sexual.…  Seguir leyendo »

Alguien ha llamado cuarto poder a la prensa libre. De seguir esta sugerencia, me vería obligado a desistir de mi tendencia a llamar cuarto poder al constituyente, que evidentemente no coincide con el poder legislativo, porque es anterior y más alto que éste. Sea como fuere, lo que en todo caso resulta indudable es que vivimos en un mundo de informaciones continuadas, múltiples y de signo diverso, lo cual nos sitúa en una etapa única en la historia de la humanidad.

Hace ya tiempo que la prensa tiene la capacidad de apoyar o denostar causas públicas, con el efecto de asegurar su triunfo o fracaso.…  Seguir leyendo »

La situación en que se encuentra la Infanta de España, sentada en el banquillo de los acusados, por efecto de la sola acción de una entidad privada, cuando el Fiscal considera que su conducta no es constitutiva de delito, así como la relevancia mediática que dicho proceso ha llegado a alcanzar, nos mueve a una reflexión sobre la acción popular. Esta figura significa que cualquier ciudadano puede acusar en solitario, en todos los procesos, salvo casos excepcionales en que se requiere la denuncia del perjudicado.

La larga historia de dicha institución no es argumento para conservarla. Sólo significa que dicha figura sirvió en un momento determinado.…  Seguir leyendo »

El pueblo español se encuentra expectante, ante la inesperada falta de consenso para la formación de la mayoría parlamentaria. Nuestra Constitución confía en la función directriz de la Corona, en orden a constituir un nuevo gobierno, tras las elecciones generales. En estos momentos cobra relieve el mandato dirigido al Rey por nuestra Carta Magna (artículo 56), cuando le invita a erigirse en árbitro constitucional, ante un funcionamiento de las instituciones que no alcanza la regularidad deseable.

En Derecho comparado, la capacidad de influencia del Rey de España no tiene parangón. En ninguno de los países de nuestro modelo político, se reserva un campo de acción tan grande al Jefe del Estado.…  Seguir leyendo »

En octubre de 1977, las Cortes Constituyentes elegidas democráticamente el 15 de junio del mismo año decidieron adoptar una norma trascendental en la historia jurídica de España, la Ley de Amnistía. Unos meses más tarde, la Constitución aprobada por esas mismas Cortes asumió como objetivos garantizar la convivencia democrática y consolidar un Estado de Derecho. La legitimidad parlamentaria en que se apoya la Ley de Amnistía es por tanto la misma que apuntala la validez de nuestra Carta Magna.

«Amnistía» es palabra de origen griego que significa «perdón». Es uno de los modos históricos de extinguir la responsabilidad penal de una persona en nuestro Derecho, responsabilidad derivada de los delitos de intencionalidad política que hubiera podido cometer.…  Seguir leyendo »

En los últimos tiempos se escuchan opiniones doctrinales que propugnan el establecimiento de la cadena perpetua en nuestro ordenamiento jurídico, como una solución al incremento de ciertas modalidades muy graves de delincuencia, como una forma de hacer frente a determinadas variantes especialmente brutales de atentado contra los derechos de las personas. Estas opiniones surgen a causa de la indignación que conductas constitutivas de delitos gravísimos ha producido en amplias capas de la sociedad. La maldad humana parece no tener límites, y la falta de respeto por los derechos básicos de los más indefensos parece no encontrar valladar alguno, ni en la ley, ni en la Administración de Justicia ni en las Fuerzas de Seguridad.…  Seguir leyendo »

Cuando se juzga un delito grave, especialmente si éste se enmarca en lo que se ha dado en llamar crimen organizado, la sociedad entera, y sobre todo aquellos de sus miembros que han sido sus víctimas, tienen derecho a saber la verdad de lo ocurrido. Muchos delitos graves, además de integrar un ataque a bienes jurídicos indispensables para la convivencia, a cuya reparación se atiende con la pena, suponen también un ataque a la víctima, de suerte que ésta no se puede ver reducida a la exclusiva condición de testigo de cargo. El reconocimiento de los derechos de la víctima representa una potenciación de su dignidad, esto es, del valor intrínseco de la persona.…  Seguir leyendo »