XII. Transformaciones urbanas en tiempos de Isabel II

Por Josefina Gómez Mendoza, Universidad Autónoma de Madrid. Real Academia de la Historia.

La sociedad burguesa y liberal isabelina acometió grandes transformaciones en las ciudades, empezando por Madrid y Barcelona. A partir del cuarto decenio del siglo XIX empieza a configurarse una nueva organización espacial a todas las escalas, desde la territorial a la urbana, resultando un modelo de ciudad que ha estado vigente al menos hasta la guerra civil del siglo pasado. Francisco Quirós ha sintetizado el proceso en estos términos: aumenta considerablemente la población de las ciudades al iniciarse las migraciones desde el campo; las capitales provinciales se consolidan desde el punto de vista institucional, y convergen en ellas las vías de transporte; se derriban las cercas urbanas y las ciudades se expanden sin nuevos límites; entra en el mercado un número considerable de solares y de edificios, como resultado de las desamortizaciones y de la liberación del suelo en los planes de ensanche; los problemas de vivienda quedan vinculados a los urbanos y emerge un pensamiento urbanista de gran consistencia; se insertan en los tejidos urbanos las infraestructuras del ferrocarril determinando nuevos patrones urbanos y la circulación en las ciudades pasa a ser una prioridad; los cascos se reforman, sanean y modernizan en mayor o menor medida; aparece, con dimensiones sin precedentes, la arquitectura institucional de la nueva sociedad, que culminará durante la Restauración; se crean también nuevos espacios de paseo y de recreo, nuevos espacios fabriles, hospitalarios y de beneficencia, carcelarios, etc. «El siglo XIX—concluye Quirós—renueva, pues, o crea ex novo espacios para la residencia, para el trabajo, el ocio, la educación, la salud, la beneficencia, para prevenir el mal, y para castigarlo, de acuerdo con las necesidades y con los criterios de la nueva estructura social nacida de la Revolución industrial»1.

La tendencia secular fue, sin duda, la de homologación con las grandes ciudades europeas como París, Londres o Bruselas. Cuando Fernando Chueca pasea por Madrid a la búsqueda de la ciudad anterior a la isabelina, tiene que rendirse a la evidencia: todo el caserío de Madrid, hasta los barrios más humildes, empezaron a ser edificados en el siglo XIX2. Quizá no haya en Madrid, advierte Chueca, un barón de Haussmann que personifique la transformación —porque el marqués de Salamanca no da la talla—¡ sí lo hay, sin duda, en Barcelona, con Ildefons Cerda, pese a la polémica surgida en torno a su proyecto; pero la falta de un Haussmann no puede ocultar la importancia de la transformación. El Madrid de finales del XIX era una ciudad muy distinta en todos los órdenes de la del Dos de Mayo, y no sólo porque su población se hubiera duplicado, pasando de doscientos a cuatrocientos mil habitantes, sino porque su superficie se había multiplicado por tres (la de Barcelona por diez) y su patrón arquitectónico y viario había variado.

Manuel Solà-Morales se ha preguntado si se puede hablar de un urbanismo español del siglo XIX, en función de las nuevas ideas sobre la urbanización en el medio mediterráneo y del cambio de carácter de las ciudades. Una españolidad del urbanismo que se justificaría en la aparición de la teoría urbanizadora, pero, sobre todo, en el alumbramiento y desarrollo de los ensanches y en la voluntad de convertir el patrón de ensanche en ley general de planeamiento. El mismo autor, uno de los más sensibles a ese urbanismo progresista, reconoce que los ensanches no deben ocultar las transformaciones radicales que experimentaron los cascos históricos, como tampoco los teóricos y prácticos «progresistas», como Cerdá, deben hacer olvidar la importancia de las concepciones urbanas «conservadoras», como las de Ramón de Mesonero Romanos.

Hemos de tener muy presente […] un juicio claro sobre el siglo XIX; es en su eclecticismo de cultura dieciochesca y economía liberal, en su mezcla de sensibilidad romántica e ilusión progresista, donde van a fraguarse los grandes cambios demográficos y económicos que harán moderno el panorama de las ciudades españolas. Cambios que, sin solución de continuidad, van a proseguir desde aquella década de 1830-1840 (en la cuál se iniciaron las principales democratizaciones urbanas), en que los problemas de edificación de viviendas empiezan a dominar toda obra constructiva de la ciudad, y los planes urbanos se diluyen por tanto en tratamiento especializado del crecimiento por funciones, zonas, grupos o polígonos3.

Los patrones y ritmos de transformación fueron muy semejantes de unas ciudades a otras, como bien ha puesto de manifiesto Quirós en su magnífico libro sobre la imagen de las ciudades decimonónicas basado en el Atlas de Coello y en el Diccionario de Madoz4. Ni Madrid ni Barcelona fueron en este sentido excepciones. Pero es evidente que por su dimensión y su significado marcan diferencias. En el caso de Madrid, hay por lo menos tres circunstancias adicionales que concurren a singularizar su evolución. En primer lugar, la capitalidad, que se manifiesta en la intervención directa del gobierno en los asuntos municipales y en la voluntad de dotar a la capital de la monarquía y del Estado de una imagen acorde con su condición. El segundo hecho diferencial es la presencia del Patrimonio Real como gran terrateniente que interviene de muchos modos en la expansión urbana, a veces directamente como propietario y promotor, a veces indirectamente como modelo urbanizador y arquitectónico5. Por último, el desarrollo de Madrid estuvo condicionado por la disponibilidad de agua: la traída de aguas del canal del Lozoya desbloqueó una situación secular de carencias y estrangulamiento de la expansión.

Madrid tiene, pues, un perfil propio, por lo que al analizar las transformaciones urbanas de la época isabelina voy a conferir una atención preferente al caso de la capital; atención que en lo que toca a los ensanches tiene naturalmente que ser compartida con Barcelona.

La organización de la administración urbana

La crítica de la ciudad tradicional (hacinada, insalubre y desordenada) explica y justifica las propuestas urbanizadoras de los años centrales del período isabelino: hay que desahogar y descomprimir la ciudad central, lo que supone ensancharla, derribar las murallas o cercas que la «enfajaban», ahuecarla y planear sus ensanches. El nuevo ideal de ciudad era el racional y liberal, donde reinara el orden y la igualdad, el maquinismo y la promoción privada.

Semejante revolución suponía, para ser viable, construir todo un nuevo edificio legislativo y conceptual y contar con un entramado social, económico y facultativo, suficiente y oportuno. Es necesario decir algo de ello como antecedente indispensable para comprender las propuestas urbanizadoras y a sus protagonistas.

Se ha dicho que al terminar el período moderado, en 1868, se contaba ya con un Estado, una administración, una sociedad y hasta una economía sobre bases nuevas6. Pero los acontecimientos no se desarrollaron siempre en el mismo sentido. Los períodos de estabilidad relativa de gobierno moderado crearon las condiciones necesarias y suficientes para que proliferaran negocios y contratas, y apareciese una nueva oligarquía del dinero. Pero los hitos jurídicos y administrativos se fueron poniendo paulatinamente, coincidiendo con los momentos revolucionarios los pasos decisivos para estimular el libre funcionamiento de la propiedad.

Además de la desamortización de Mendizábal, en la década prodigiosa y revolucionaria de las regencias de María Cristina y de Espartero en que se pusieron las bases del Estado constitucional, se dictaron otras disposiciones fundamentales para remover los obstáculos a la libre iniciativa en la ciudad: primero, el reconocimiento de la inviolabilidad de la propiedad al amparo del Estatuto Real de 1834 y, con él, el de la expropiación forzosa con garantía de indemnización (Ley de Expropiación Forzosa por Razones de Utilidad Pública, promulgada en 1834 y vigente hasta 1869), así como la Ley de Inquilinatos en 1842, que establecía la libertad de los mismos. Del bienio progresista consecutivo a la revolución de julio 1855 es la Ley de Sociedades Anónimas, y también por iniciativa de Madoz, la Ley General de Desamortización que vuelve a colocar en el mercado un enorme patrimonio.

Los sucesos políticos también se traducen, desde el punto de vista de los ordenamientos jurídico y administrativo, en un distinto peso de los poderes central y local. Los momentos progresistas o revolucionarios son netamente más municipalistas con la discusión de la ley municipal de 1837 que restablecía el régimen del trienio, o la ley municipal de 1855. En cambio, durante las más largas etapas de gobierno moderado se sentaron las bases de una Administración centralizada, con alcaldes de nombramiento gubernativo. Particularmente significativo para lo que aquí nos ocupa fueron la real orden de 26 de julio de 1846 dictada a instancias de Pidal, ministro de Gobernación, para que los ayuntamientos levantaran planes geométricos de sus poblaciones a escala 1:1.250; y, sobre todo, el real decreto que en 1852 creó la Junta Consultiva de Policía Urbana, organismo a nivel nacional de carácter asesor, directivo y fiscalizador de la actividad municipal. De la contaminación política que sufrían negocios y administración urbanos es buen exponente que uno de los primeros actos del movimiento revolucionario de 1854 fuera suprimir la junta y restablecer la ley municipal de 1823, mientras que con la llegada al poder de la Unión Nacional se restableció la junta y la legislación municipal de 1845. Tenía la junta la misión de aconsejar al gobierno en un ramo de la Administración «tan desordenado y tan delicado», en palabras de Mesonero Romanos, «que continuamente se enfrentan en él los intereses públicos y los intereses privados, por lo que se necesita tanto más el informe pericial o facultativo y el juicio imparcial»7.

El conflicto entre las administraciones central y municipal —cuya manifestación más importante fue la del ensanche de Barcelona, del que luego hablaré— recubre otros muchos enfrentamientos y alianzas, entre los que destaca la rivalidad entre arquitectos, alineados, en general, con las posiciones municipalistas, y los ingenieros de caminos, canales y puertos, que estaban al servicio directo del Ministerio de Fomento, cuando no ocupaban directamente puestos de responsabilidad política. Si los ingenieros se convirtieron en grandes protagonistas se debió, sin duda, a que la sociedad en proceso de modernización les encargó sus caminos, particularmente los de hierro, y sus canales. Hay que advertir además del retraso en la creación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura debido a la consuetudinaria función de informe y asesoramiento ejercida por la Academia de San Fernando.

Urbanismo «conservador» y urbanismo «progresista»

Es habitual identificar el urbanismo de ensanche con el liberalismo progresista, y el aparentemente menos ambicioso de reformas parciales de los cascos con el partido moderado. Quizá eso sólo obedezca a una abusiva contraposición de las relevantes figuras de Cerdá y de Mesonero Romanos. Una persona como Carlos María de Castro, el autor del proyecto del ensanche de Madrid, desde luego siempre cercano a políticos conservadores, banqueros y aristócratas y que tuvo muchos problemas con el ayuntamiento revolucionario, invalidaría esa contraposición demasiado simple. Como también lo haría en sentido contrario Ángel Fernández de los Ríos, que fue concejal de Obras Públicas del ayuntamiento de la revolución y al mismo tiempo el mayor crítico del ensanche de Castro. Lo que sí es cierto es que, en general, los urbanistas considerados «progresistas» estuvieron más cercanos del Ministerio de Fomento mientras que los considerados «conservadores» se movieron más próximos a la iniciativa y a la administración municipales. Voy a tratar de proponer algunas ideas que sirvan para perfilar mejor a unos y otros.

Todos parten de la inviabilidad de las ciudades tradicionales y de la necesidad de higienizarlas y aumentar el número y la superficie de las viviendas, y todos toman como referencia ciudades europeas que conocen personalmente. Para Mesonero Romanos, seguridad, salubridad, comodidad y ornato deben ser los objetivos de una buena administración municipal8. Cerdá o Castro reclaman higiene y ventilación y ven difícil cumplir estos requisitos en las densas ciudades existentes. Pero no se les puede considerar a ellos «ensanchistas» y a las figuras como Mesonero, simples reformistas. Lo que distinguía realmente a unos de otros es que los planificadores del ensanche perseguían unos estándares de superficie por habitante, avalados por la práctica higienista, cosa que no se planteaban los reformadores. Los primeros siguieron un método analítico, descubrieron la importancia de la estadística para construir la teoría. En su Monografía estadística de la clase obrera en Barcelona en 1856, Cerdá, en plena evolución desde el reformismo burgués a un cierto socialismo utópico a lo Saint Simón, mostraba su clara intención de basar la ciencia y el urbanismo en la «lógica irreprochable de los números»9.

En cuanto a Castro, fundamenta la necesidad de ensanche en Madrid en la comparación estadística entre las densidades específicas existentes en Madrid, París y Londres: la capital española tendría una superficie de 18,7 m2 por habitante (descontadas las posesiones reales), la francesa 46,45 m2/hab. y la inglesa contaría 112,37 m2/hab. Un ensanche de 1.494 hectáreas y una duplicación prevista de población en un siglo, que son los parámetros de los que parte Castro, aumentarían la media en Madrid hasta los 45 m2/hab.

Un segundo elemento de diferenciación es el de la circulación y la vialidad. El teórico Cerdá convierte a la circulación y el transporte urbanos en principios configuradores del trazado y en gran utopía social. Él mismo ha narrado la emoción que sintió al ver el primer tren en Francia en 1844, lo que le convenció de la inminencia de una nueva civilización:

Lo que aquí me sorprendió [ . . .] fue contemplar aquellos largos trenes en que a vueltas con gran cantidad de mercancía, iban y venían multitud de viajeros de todos sexos, edades y condiciones, semejando poblaciones enteras ambulantes, cambiando precipitadamente de domicilio. Este espectáculo […] elevó mi espíritu a las más altas consideraciones en el orden social, sobre todo al observar la dificultad con que aquel tropel de inesperados huéspedes penetraba por las estrechas puertas, se desparramaba por las angostas calles, y buscaba su albergue en las mezquinas casas de antiguas poblaciones10.

La convicción de Cerdá de que el maquinismo situaba a su tiempo a las puertas de una civilización nueva, vigorosa y fecunda no tiene límites: «Tal vez no se encontraría un solo hombre urbano que no quisiese ver la locomotora funcionando por el interior de las urbes, por todas las calles, por en frente de su casa, para tenerla constantemente a su disposición».

El alumbramiento de esa nueva civilización necesita de las ciudades, sólo puede ocurrir en medio urbano, que tiene la superioridad de «la inteligencia, la voluntad, la educación y la riqueza»11. De modo que se requiere de los ingenieros para urbanizar, para, como dice de forma muy gráfica el convencido Cerdá, reducir la topografía natural a «cultivo urbano»12. Estamos en el centro del pensamiento del visionario Cerdá: urbanizar es transformar topografía natural en «topografía artificial», es lograr «alguna de esas maravillas que son el triunfo resultante de las luchas del hombre civilizado contra la naturaleza agreste». Ahora bien, como se trata de conseguir un ambiente urbano higiénico, saludable e igualitario, y como parece que el mayor bienestar se consigue en el campo, la propuesta —genial y anticipatoria— de Cerdá, va en el sentido tan celebrado de rurizar la ciudad y urbanizar el campo. «No nos dicen a voz en cuello —argumenta— los estadistas, los filántropos y los higienistas que las poblaciones rurales son favorables al bienestar físico, moral y político de los pueblos. Pues bien, ruricemos las ciudades así como vamos urbanizando las campiñas»13.

El último elemento expresivo del momento culminante del urbanismo isabelino es la idea del urbanismo integral, de plantear un proyecto sobre una idea general, «científicamente» fundada y que tenga en cuenta todos los hechos, los de trazado, edificación, economía, vialidad y salubridad. Esto suponía la presentación de memorias que incluyeran todos estos aspectos. Resulta ejemplar de ello la exposición de motivos del real decreto de 8 de abril 1857, firmado por Claudio Moyano como ministro de Fomento, encargando la elaboración del proyecto de ensanche de Madrid. Bassols, especialista en derecho urbanístico, cree que anticipa los planes generales:

[….] hay que hacer un proyecto que tenga elementos de grandeza y salubridad, subordinando el proyecto a un pensamiento completo, estudiando, en fin, de antemano todas sus circunstancias como se está haciendo en Europa y en América, con un plan que respete las condiciones de unidad, orden y concierto en todos sus diferentes puntos (R.D. 8-4-1857)14.

La comisión consultiva que nombró el Ayuntamiento de Barcelona para entender en la cuestión del ensanche y resistir a la iniciativa (atropello entendían ellos) del gobierno central imponiendo el plan de Cerdá, se manifestaba en el mismo sentido:

se había de hacer no una ciudad grande, sino una gran ciudad, una ciudad radicalmente distinta de la existente y sólo la ciencia y el arte tenían derecho a fijar las condiciones. Lo interesante es que este planteamiento de plan totalizador de los años centrales del siglo irá desapareciendo a medida que los proyectos de ensanche queden desvirtuados en su ejecución.

Liberación del suelo y fin de la ciudad cerrada

La relación entre la escasez de suelo y su precio había sido ya planteada por políticos y escritores ilustrados. En un luminoso escrito, según Castro, dirigido al conde de Floridablanca, Jovellanos aconsejaba efectuar la compra pública de un cordón de tierras en torno a Madrid desde la puerta de Bilbao (entonces de los Pozos) hasta la de Recoletos, para después urbanizar («demarcar calles, plazas y plazuelas») y ofrecer los terrenos para edificar a cómodos precios. Razonaba Jovellanos que a mayor abundancia de habitaciones, menor precio de las mismas y disminución del número de posadas, por lo que recomendaba al ministro no quedarse corto en el ensanche15.

La liberalización de suelo se retrasó debido a razones políticas, por lo que los abusos de los caseros que disponían de libertad de renta se multiplicaron, con el hacinamiento consiguiente. No resisto a la tentación, a este respecto, de reproducir el texto de Larra sobre las casas nuevas de Madrid:

Dirigímonos, pues, a ver las casas nuevas; esas que surgen de la noche a la mañana por todas las calles de Madrid; esas que tienen más balcones que ladrillos y más pisos que balcones; esas por medio de las cuales se agrupa la población de esta coronada villa, se apiña, se sobrepone y se aleja de Madrid, no por las puertas sino por arriba, como se marcha el chocolate de una chocolatera olvidada sobre las brasas. La población que se va colocando sobre los límites que encerraron a nuestros abuelos, me hace el efecto del helado que se eleva fuera de la copa de los sorbetes. El caso es lo mismo: la copa es pequeña y el contenido mucho. […] Los caseros, más que al interés público, consultan el suyo propio: ese es su principio; apiñemos gente en esas diligencias paradas, y vivan todos como de viaje: cada habitación es en el día un baúl en que están las personas empaquetadas en pie, y las cosas en la posición que requiere su naturaleza; tan apretado está todo, que en caso de apuro todo podría viajar junto sin romperse16.

Hay muchos testimonios y mucha información sobre el lucrativo negocio del alquiler de viviendas en el Madrid decimonónico17, pero en cambio, no hay conocimiento suficiente y circunstanciado de las repercusiones morfológicas últimas de la desamortización de Mendizábal en la descongestión de los tejidos urbanos. Tuvo que ser importante ya que más de la tercera parte de la capital era de propiedad eclesiástica. Se vendieron unos cien conventos, sobre cuyos solares se construyeron plazas (como las de Progreso, del Rey, Pontejos, Mostenses, Santo Domingo, la de las Cortes), pero también edificios institucionales como el Palacio de Justicia sobre las Salesas Reales, el Congreso sobre el antiguo convento del Espíritu Santo, o la Universidad Central sobre el Noviciado, así como mercados como el de San Miguel. Sirvieron particularmente para que nuevos propietarios se lanzaran al negocio inmobiliario. Para Rafael Mas, la desamortización tuvo en definitiva más trascendencia ideológica que espacial porque las reformas a que dio lugar fueron circunscritas y localizadas18.

La demolición de las cercas se demoró hasta mediados de siglo debido a avatares políticos y sociales, aunque se advirtiera reiteradamente sobre su urgencia. Los casos de las murallas de Madrid y de Barcelona eran muy distintos tanto desde el punto de vista físico como del simbólico. En Madrid, se trataba de tapias de poca anchura que liberaron poco suelo al ser derribadas. La ciudad ya había rebosado su recinto con cementerios e industrias de la construcción y otros usos que no se podían instalar en el casco, también con barrios como Chamberí y Peñuelas. Por tanto, el derribo de la cerca tuvo más importancia simbólica que física: era anacrónico mantener una capital encerrada en sus muros19.

En la Barcelona-fortaleza, jurisdicción del Ministerio de la Guerra, las murallas eran abaluartadas y franjas de servidumbre militar. La reivindicación de su derribo estaba profundamente arraigada en la opinión pública, tanto popular como ilustrada. Los movimientos populares de principios de los años cuarenta intentaron en varias ocasiones tirarlas. El escrito Abajo las murallas, de Pere Filip Monlau, respondía a una convocatoria municipal de ensayos de 1840. Los artículos de Balmes en el periódico La Sociedad, de 1844, insistían sobre el hecho de que la fortificación ahogaba el crecimiento de una ciudad pujante y dinámica. La llegada de Pascual Madoz como gobernador civil de Barcelona supuso el principio del fin. La epidemia de cólera precipitó los acontecimientos y la muralla caía en julio 1854. El «anhelado» llano que se abría al otro lado suponía el fin de la ciudad cerrada y el principio de un tejido urbano ilimitado. En Madrid, en cambio, una cautela miope movió a poner, por motivos fiscales, nuevos límites al ensanche. El propio encargo ministerial expresaba bien la contradicción entre rodear la ciudad con barreras para facilitar el cobro del impuesto y encerrar lo menos posible al vecindario (R.D. 8-4-1857). Castro, contra su criterio, tuvo que plegarse a los requisitos del encargo y utilizó para el foso —de uno« 75 metros de anchura y 19 kilómetros de largo— las fronteras naturales, como el cauce del río, lo que suponía dirigir el crecimiento hacia el norte y el este. Tanto él como Cerdá eran conscientes de que eso representaba establecer un monopolio de edificación a favor de los terrenos encerrados en el recinto20.

Por estos y otros motivos, los precios del suelo y de la vivienda adquirieron en la ciudad surgida de las reformas isabelinas un comportamiento horizontal, a diferencia del vertical propio de la ciudad tradicional. El valor va correspondiendo progresivamente a razones de centralidad, accesibilidad, existencia de barreras, etc. Es el crecimiento desigual característico de la ciudad burguesa.

Un agente urbano fundamental en el Madrid de Isabel II fue el Patrimonio Real, no sólo porque detentaba una gran superficie de suelo (dentro del término municipal casi tres veces el casco) sino porque lo fue introduciendo parcialmente en el mercado al hilo de las segregaciones. En ocasiones Patrimonio intervino directamente en promociones urbanas, como ocurrió con el barrio de Arguelles en la montaña del Príncipe Pío y con el barrio del Museo o de los Jerónimos como consecuencia de la segregación de la parte occidental del Buen Retiro en su contacto con el paseo del Prado. Ambos se concibieron como barrios para población muy acomodada.

En 1865, con la ley que deslindaba los bienes del Patrimonio de la Corona, tanto el barrio de Argüelles como la parte del Retiro dedicada ya a vía pública y edificaciones, es decir el barrio del Museo, pasaron a la administración del Ministerio de Fomento. La zona del actual parque del Oeste fue cedida con la condición de que el Ayuntamiento hiciera un parque público, que reclamaban los vecinos del barrio de Argüelles. Todo ello formaba parte del bautizado como rasgo de Isabel II hacia el pueblo de Madrid y el Estado, desenmascarado por Castelar en su famoso artículo.

Las infraestructuras de la nueva ciudad

«El silbido de la locomotora que escuchó Madrid por primera vez el día 9 de febrero de 1850 y el inmenso grito de regocijo que saludó, el 24 de junio de 1858, la llegada a sus muros de las aguas de Lozoya, son, pues, los dos sucesos clásicos verdaderamente decisivos para el Madrid del siglo XIX»21. No se equivocaba Mesonero, autor de estas líneas, cuando resumía en la rapidez de comunicaciones con otras ciudades, costas y fronteras, y en el abastecimiento de agua para residencia e industria, las condiciones indispensables de mantenimiento y firmeza del crecimiento urbano. El ferrocarril se convertía así, en este período de «urbanización de la locomotora», en la clave y el requisito tanto del desarrollo territorial como interior de las ciudades, en la medida en que la progresiva disociación del lugar de residencia y de trabajo iban a conferir cada vez más peso a los transportes urbanos.

Además, el trazado ferroviario, la localización de las estaciones y la inserción en las ciudades de las instalaciones (playas de vías, muelles, tinglados, etc.) se convertían en decisivos agentes de urbanización. Es en esta etapa inicial cuando se toman las grandes opciones. En el caso de Madrid, la inauguración del ferrocarril entre Madrid y Aranjuez tuvo lugar en 1851 (tres años después del ferrocarril, de Barcelona a Mataró) y la de la línea Madrid-Zaragoza-Alicante en 1865.

Resultó crucial para los patrones de crecimiento futuro la decisión de no optar por una sola gran estación, sino por dos cabeceras, la de Príncipe Pío para el Norte, y la de Atocha para Mediodía. Esta solución supuso el tendido de circunvalación entre ambas, y determinó el destino urbano de la fachada occidental de la capital, las ventajas comparativas del barrio de Argüelles y la mutilación de la posesión de La Florida-Moncloa, con la gran infraestructura ferroviaria del Puente de los Franceses22. Todo el posterior crecimiento de Madrid hubiera sido imposible sin contar con el ferrocarril.

Por su parte, la falta de agua en Madrid se volvía insostenible en el momento de su despegue urbano y económico; los intentos de traída de aguas se habían multiplicado desde el siglo XVIII explorando las posibilidades a la vez del Jarama, del Guadalix y del Lozoya, al tiempo que se incrementaba considerablemente la red de viajes, tratando también de organizar y mejorar el ramo de fontanería y alcantarillado.

En 1844 la Junta Facultativa decidió que sólo se retuvieran para estudiar su viabilidad los proyectos más solventes de entre los numerosos realizados. Vienen después tres años de sequía y de angustia; en 1848, Juan Bravo Murillo nombra a los ingenieros Juan de Rafo y Juan de Ribera para decidir de dónde derivar el agua. Pocos meses después se optaba por la derivación desde el Lozoya, se establecía en 70.000 reales fontaneros la dotación deseable23, de los que sólo 8.000 se destinaban al abastecimiento y” el resto al riego, así como se fijaba como punto de llegada para la distribución domiciliaria un punto a 50 pies por encima de la puerta de Santa Bárbara.

El éxito de la empresa quedó a expensas de su financiación. Tras varios fracasos, el gobierno anticipó, el 18 de julio de 1851, 500.000 pesetas. Se creó el consejo de administración incorporándose el Ayuntamiento y particulares, probablemente también la propia reina o alguien en su nombre; el rey consorte puso la primera piedra de la presa del Pontón de la Oliva de 3 hm3, bautizándose el canal como de Isabel II. Fue inaugurado el 24 de junio de 1858 en una fuente provisional de San Bernardo. La ley de 5 de junio de 1859 declaraba al Estado propietario de las aguas, computándose al Ayuntamiento y contratistas de sifones el importe de sus respectivas dotaciones de agua.

«Hoy cuenta Madrid, se dijo en la época, con un inmenso caudal de aguas potables». Baste decir, para calibrar lo que supuso el canal para el abastecimiento de la población, que en 1855 sólo se disponía de una dotación media por habitante de unos 6,5 litros diarios; el metro cúbico de agua se pagaba en esa fecha a 2,32 pts., rebajándose a 30-50 céntimos con la llegada del canal34.

¿Dejaba el agua de ser un factor limitante para el desarrollo de Madrid? Relativamente, ya que el abastecimiento fue selectivo. Las barriadas más septentrionales apenas tenían presión debido a la localización de los depósitos. Pero sobre todo las barriadas que iban apareciendo en el extrarradio tenían que obtener agua de los pozos. Fue otro motivo de segregación en relación con ensanche y casco que tenían el agua garantizada, trasladándose la insalubridad al extrarradio. Los viajes de agua se fueron reduciendo por su falta de salubridad debido a la contaminación de los pozos negros. Pese a todo, el abastecimiento de agua funcionó mejor que el sistema de alcantarillado, cuya mejora no estuvo realmente terminada antes del siglo XX.

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